25 octubre, 2020

Formalizan a ejecutivos por colusión de radios y organizaciones insisten en exigir mayor transparencia

Radio U Chile

El próximo 28 de mayo la Fiscalía formalizará por el delito de perjurio a dos ejecutivos involucrados en la colusión de radios ocurrida en 2007. Organizaciones de emisoras comunitarias valoran el avance en la investigación, pero insisten en la necesidad de transparentar la información sobre el espectro radioeléctrico.

Cristián Wagner y Claudio Toro serán formalizados en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago el próximo 28 de mayo por parte de la Fiscalía Centro Norte, por su vinculación a la colusión de empresas, en el año 2007, para obtener concesiones de radiodifusión FM en Iquique, Antofagasta, La Serena, Los Vilos, Pichidangui, Llayllay, Pichilemu, Alerce y Coyhaique.

Se trata de la arista penal pendiente de un caso iniciado en 2009, cuando la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) denunció las irregularidades ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y el Ministerio Público.

Cabe recordar que la FNE acusó en octubre de ese año a ocho empresas y dos personas de colusión para adjudicarse los derechos, lo que fue ratificado en 2011 por el Tribunal de la Libre Competencia, que aplicó multas cercanas a los 300 millones de pesos, y luego confirmado por la Corte Suprema.

Cristián Wagner se desempeñaba como gerente general de la Corporación de Radio Valparaíso Limitada, ligada al grupo El Mercurio, y estaba vinculado a Transco e Inversiones Santa Ignacia, propiedad de Claudio Toro, tres empresas que participaron de la colusión, que consistía en que empresas postulantes vendían sus derechos de postulación a otro competidor para eliminar la competencia.

Luego de la formalización, la Fiscalía evaluará si amplía la investigación a ejecutivos de otras firmas multadas por el Tribunal de la Libre Competencia, entre las que se cuentan Altronix, San José, Duplex, Radio Corporación y Bío Bío, siendo esta última la única que negó la colusión.

Ante esta situación, Juan Ortega, integrante de la ONG ECO Educación y Comunicaciones y del capítulo chileno de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, reiteró que hay una mala administración del espectro radioeléctrico por parte del Estado: “Siempre ha habido una solicitud de mayor transparencia y de menos colusión y monopolio. Lo que se da en lucha de los medios comunitarios tiene que ver con una administración y repartija del espectro mucho más equitativa. Lo ideal sería acercarse a parámetros como los que tienen Argentina y Uruguay, que han pensado en un concepto social de las comunicaciones, con un lugar en el espectro radioeléctrico. En Chile estamos muy lejos de ese modelo y la denuncia que se ha hecho de los medios comunitarios tiene que ver con el privilegio del Estado por regular a favor de lo comercial. Esta condena viene a ratificar lo que los medios comunitarios siempre han señalado”, dijo.

Perla Wilson, periodista de Radio Tierra, valoró los avances de la Fiscalía, la FNE y el Tribunal de la Libre Competencia para enfrentar la colusión y la concentración de propiedad, pero lamentó que haya pocas herramientas para otorgar sanciones más drásticas.

La profesional coincidió además en que se necesita una mayor transparencia de la información: “Si bien esto es una señal positiva, en términos que el Estado y sus instituciones se hacen cargo del problema, nos parece aún insuficiente, en términos que debiera existir mucha mayor transparencia respecto de cómo está distribuido el mapa del espectro en Chile. Es un ámbito de bastante opacidad. Como ciudadanos, hemos pedido en reiteradas oportunidades a Subtel, como instituciones de la sociedad civil, que transparente el mapa del espectro con la distribución de frecuencias en cada una de las zonas de cobertura, para conocer efectivamente cuáles son las decisiones que se toman y sobre qué base se toman para abrir o no abrir licitaciones”, explicó.

Perla Wilson dio, como ejemplo, que radios comunitarias que fueron asignadas a un espacio del dial con sólo 30 watts de potencia no recibieron argumentos sobre esa decisión.

Algo que, según la periodista, se repite en el ámbito de la televisión, puesto que organizaciones integrantes de la Mesa de Ciudadanía y Televisión Digital solicitaron, a través de la Ley de Transparencia, un mapa del espectro para conocer las concesiones disponibles, y se les negó el acceso aduciendo información estratégica.

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